15 de abril de 2018

Más sobre ecología geopolítica


Esta insistencia de Domingo está a mitad de camino entre la puntualización y la rectificación de lo que dije ayer. Me reafirmo en la lección aprendida en Irak acerca de la ecología geopolítica: Derrocar a un tirano sanguinario suele traer problemas aún mayores. Pero, a medida que tengo más información sobre el ataque de ayer, mi alarma y preocupación disminuyen e, incluso, se convierten en aprobación. ¡Qué le vamos a hacer, me sale el halcón que tengo dormido dentro de mí! Aunque pueda sonar a excusatio non petita, diré que mi cambio de actitud no tiene nada que ver con el hecho de que Podemos y PSOE se hayan apresurado a condenar el ataque. Responde a razones coherentes con los principios.

Ayer, tras las primeras noticias, pensé que lo que se había iniciado era un ataque como el de Irak, para acabar con el régimen de Assad. Y esto iría contra la ecología geopolítica y me alarmaba porque, a buen seguro, generaría una respuesta de Putin. Pero no fue así. Se atacaron únicamente tres instalaciones de producción de armas químicas. Y fueron destruidas sin causar un solo muerto entre la población. Se avisó previamente a Asad, Putin y Jameini. La medida está en el justo punto medio de la prudencia. Es un aviso a Asad, no da pie a que Rusia pueda responder militarmente –¿cómo lo haría?– y destruye la capacidad siria de producción de armas químicas.

Ayer, alguien me dijo que no estaba probado que el ataque con armas químicas se hubiese realizado ni que hubiese sido Asad su autor. Copio una frase de un magnífico artículo de Felipe Sahagún, en El Mundo de hoy. Felipe Sahagún es un analista internacional que merece mi respeto total por su información y seriedad. Su punto de vista discrepa del mío, pero lo que me importa es la frase en cuestión. Dice: “’Nuestros socios sanitarios en la zona aseguran que recibieron en las clínicas a más de 500 personas con síntomas propios de víctimas de gases tóxicos’ dijo el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tarik Jasarevic. ‘Según estas fuentes, más de 70 personas murieron en el bombardeo del 7 de abril y unas 40 de ellas presentaban esos síntomas’”. Por si alguien quiere contrastar mi opinión con la de Felipe Sahagún, pego más abajo un link a su artículo de hoy de El Mundo. Entonces, si ha habido un ataque con armas químicas contra los rebeldes sirios, ¿quién lo puede haber llevado a cabo? Pregunta nada difícil de contestar. A mi entender de halcón, eso no puede ni debe quedar sin respuesta. Mi lado de paloma y mi conciencia ecológica me dicen que eso no debería desencadenar un ataque masivo. Y mi lado pragmático me dice que se ha dañado muy seriamente la capacidad productiva de gases tóxicos de Siria. O sea, que la respuesta está en el centro de gravedad del triángulo de mis tres tendencias.

A Pablo Iglesias, todo lo que sea ir contra lo que le parece mal a su amado Irán, le parece también mal a él. A Pedro Sánchez le parece muy mal que se haya hecho esto sin permiso de la ONU. Pero la ONU, con su sistema de vetos, es casi, casi, un organismo inoperante. Si hubiese que esperar una resolución suya, podríamos esperar sentados. Y, como cuando se educa a un perro, el correctivo debe venir inmediatamente después de la falta. Si no es así, no sirve para nada.

Y a mí, la verdad, la credibilidad que me ofrecen EEUU, Reino Unido y Francia, supera ad infinitum la que concedo a Siria, Rusia e Irán.



14 de abril de 2018

Ecología geopolítica


Fuerzas aliadas de EEUU, Reino Unido y Francia han bombardeado Siria esta madrugada. Por supuesto, Assad es un asesino sanguinario y no me merece más que repugnancia. Pero tras la guerra de Irak, en la que equivocadamente yo creía, llegué a la conclusión de que existe una ecología geopolítica como existe una ecología en la naturaleza. Si alguien, con muy buena intención, intenta cambiar el equilibrio natural en las especies de un entorno, es casi seguro que generará desequilibrios indeseados que harán mucho peor el remedio que la enfermedad. Eliminar a otro ser despreciable como fue Sadam Hussein, trajo la situación que ahora vivimos, Daesh incluido. Por si fuera poco, en la guerra de Irak no había una potencia potencialmente beligerante como Rusia. Por eso, este bombardeo, me produce un terrible malestar y una inmensa preocupación.

Veremos si no se lo ponemos todavía más difícil al Señor de la Historia que, por algún designio misterioso, ha dejado el mundo en manos de nuestra libertad. Rezo por que ilumine a los actores de este drama y actúe por la puerta de atrás de esa libertad.

13 de abril de 2018

¿La verdad? ¿Qué es la verdad?


Me voy a atrever a entrar en el avispero del caso TFM de Cristina Cifuentes. Y lo hago con una pregunta escéptica que no refleja para nada mi pensamiento, pero sí el atolladero de mentiras en que universidades y políticos se han metido, nos han metido, y del que, me temo, va a ser imposible salir. O al menos salir antes de 3 o 4 años lo que, a efectos prácticos, es como no salir.

Cuando este tema salió a la luz, les faltó tiempo, tanto al Rector como al director del master de marras, para decir que todo se había desarrollado ajustándose a las normas del master y de la Universidad. Naturalmente, no sirvió para nada. Porque la sentencia mediática y política fue aún más rápida que la aparición de los dirigentes de la URJC. Cristina Cifuentes es culpable. Ni afirmo ni niego que lo sea, pero lo que sí digo es que el camino hacia el esclarecimiento de la verdad ya se ha llenado con tanta mierda resbaladiza que me temo que jamás la sabremos y, que si la sabemos, nadie se la creerá, sea cual sea. La URJC, tras su precipitación inicial, hizo lo que debería haber hecho desde el principio. Iniciar una investigación llevada a cabo por personas ajenas a la universidad, y conocedoras del sector, pero sin judicializar el asunto. Tarde, pero pidió a la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) que designase expertos de universidades ajenas a la URJC para esclarecer el asunto. La CRUE, con gran diligencia, nombró a dos personas: Jose ángel Contreras, director del servicio de inspección de la universidad de Burgos y Carmen Ruiz, jefa del área de inspección de servicios de la universidad de Murcia. Es decir, personas de gran experiencia en el área de control de la gestión universitaria, ajena a la URJC y fuera de toda sospecha. Lo sensato, lo prudente, sería esperar a ver que dicen estos dos expertos, que ya han empezado a trabajar la semana pasad y que afirman que tendrán una respuesta la próxima semana. Por supuesto, es mucho pedir.

Sin poder esperar ni un par de días, ha empezado la explotación política del asunto y su judicialización. Por un lado, el PSOE, ansioso de buscar artillería con mierda, ha anunciado, sin esperar a saber cuál es la verdad, con reflejos más que sospechosos, una moción de censura. Y, ¡ay!, inmediatamente después empezó la ceremonia de la confusión. Empezando por el Rector, las personas de la URJC que al principio dijeron digo, ahora dicen Diego y se enzarzan en demandas judiciales mutuas que, con suerte, tardarán varios años en esclarecerse, si es que se esclarecen alguna vez.

Pero cuando estos dos técnicos universitarios tengan su dictamen, éste ya no le importará una mierda a nadie. De hecho, a nadie le ha importado una mierda desde el principio. Y a mí, no me gustaría estar en su pellejo. Es muy difícil que hagan bien su trabajo en medio de las presiones mediáticas que van a tener que soportar. Evidentemente, si estos dos técnicos certifican que sí hubo fraude, la señora Cifuentes debería dimitir inmediatamente, sin esperar al final del largo proceso judicial que se avecina. Porque es verdad que las responsabilidades políticas deben ser más ágiles que las penales. Pero eso de ninguna manera puede llevar a la indefensión y el juicio mediático sin base suficiente. La diferencia entre las responsabilidades políticas y las penales no es que las primeras no necesiten la garantía de la presunción de inocencia. Este es un derecho que en ninguna sociedad civilizada se puede negar a nadie bajo ninguna circunstancia, ni penal ni política. Lo que cambia entre uno y otro tipo de responsabilidades es un matiz. Eso sí, un matiz muy importante. En las responsabilidades penales, si hay una razonable probabilidad de que el acusado no sea culpable, hay que aceptarle como inocente. En las políticas, si hay una razonable probabilidad de que sea culpable, debe dimitir o ser cesado. Es un estrecho margen de diferencia, pero la clave está, en ambos casos en la palabra razonable. Y eso es lo que escasea en esta sociedad, manejada por las redes sociales. Porque en las responsabilidades políticas, para que sea razonable la posibilidad de culpabilidad también es necesaria una seria y sosegada investigación previa. El hecho de que las responsabilidades sean políticas no justifica, de ninguna manera, que sea lícito exigirlas llevados por intereses electoralistas, con juicios mediáticos y jugando con el visceralismo de las masas. Eso no es propio de un país democrático.

¿Comisiones parlamentarias? Vade retro. Si hay un ambiente tóxico para la verdad, ese es el de las comisiones parlamentarias. En ellas el juego de los intereses políticos y electoralistas se encuentra elevado a la enésima potencia. Servirán para cualquier cosa menos para esclarecer la verdad.

Por otro lado, el levantamiento de posibles actuaciones inmorales y corruptas es bueno y deseable para la salud democrática, se produzca como se produzca, siempre que se usen métodos legales. Por supuesto, la verdad es la verdad y si se demuestra que esas actuaciones inmorales o corruptas se han producido, poco importa cómo se haya levantado la liebre. Pero, con todo, hay formas más nobles y otras más abyectas. El resentimiento y la venganza son de las más mezquinas. Y es ante este móvil ante el que nos encontramos en este caso. El Mundo del Domingo pasado publica un artículo sobre una conversación con un garganta profunda de la URJC. Hay que leerlo con los guantes puestos y una pinza en la nariz. Para el que quiera, ahí va el link al artículo:


Garganta profunda es, en este caso, un profesor que le dice a El Mundo que su nombre es P. Pero si el nombre del garganta profunda de Watergate se mantuvo en secreto durante unos 30 años, el de este garganta profunda no ha quedado oculto ni siquiera 48 horas. Y ha durado tan poco por el narcisismo de P. Se llama Salvador Perelló. Ya en la entrevista a El Mundo se declara militante del PSOE. Al más puro estilo Taxi Driver dice tener su casa llena de árboles de decisión sobre la manera de llevar el asunto. El mismo día que eldiario.es publicaba la noticia, él se pavoneaba ante de sus alumnos de periodismo diciendo que detrás de esa noticia, que él les mostró casi antes de que saliera, estaba él. Unas semanas antes, en papel de gran profeta apocalíptico, había escrito en un foro on line universitario: “Se avecina una hecatombe de proporciones bíblicas”. Y según él mismo dice, ha levantado el asunto para vengarse de Lucía Figar. Ésta, en su etapa de Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, quitó de la URJC la carrera de Sociología de la que él era profesor. Asegura que el entonces Rector, Fernando Suárez, falseó los datos de número de alumnos para que la eliminasen. Todo un complot contra él. También sobre Suárez cayó el rayo de la venganza de P. A pesar de este perfil más parecido al de un psicópata que al de un buen profesor universitario, bienvenido sea el levantamiento de la información, si ésta es cierta y se ha obtenido de forma legal. Pero a la vista del personajillo, saber eso merecería una investigación. Porque, si alguien con esas ruines intenciones tiene acceso a la información, ¿no tendría también la posibilidad de manipularla? La voluntad, desde luego, sí. ¿Están por ahí el espíritu y los métodos de Putin? Él mismo dice haber hablado con dirigentes del PSOE. ¿Con quién habló, de qué y cuándo? ¿Por qué da la sensación de que en el árbol de decisiones que empapelaba su habitación estaban también dirigentes del PSOE, de que todo escenificado a priori? En cualquier caso, mi desprecio más absoluto por el mezquino y vengativo profesor P, que resultó ser Perelló.

Por último, a raíz de este asunto, las redes sociales se han incendiado señalando que otros muchos políticos, muchos de ellos de izquierdas, cuyo nombre no citaré para no contribuir al marujeo. Se han inventado titulaciones, tesis doctorales, etc. Me importa tres caracoles si estas conductas se dan en políticos de izquierdas o de derechas. Son igualmente lamentables. Pero hay que reconocer que la izquierda es mucho más hábil para encender el ventilador de mierda y proyectar ésta mejor. No es de extrañar. El uso extenso e intenso de la mentira como arma política contra el adversario está en el manual gramsciano, que es el de cabecera de una gran parte de la izquierda. Están muy entrenados en esta metodología en la que los partidos de derechas son meros aprendices novatos. Porque el complejo de superioridad de la izquierda de que ellos están instalados en la justicia y en la superioridad moral, les hace creer que el uso de cualquier medio, mentira incluida, es lícito y deseable. Y la derecha, todavía poco entrenada y un poco acomplejada por esa supuesta superioridad moral de la izquierda, tiene un reflejo condicionado de cierto pudor por una mentira excesiva. Desgraciadamente, está entrenándose en ello y, poco a poco acabará siendo una alumna aventajada.

Pero la ceremonia de la confusión sigue su marcha. Al entrar la fiscalía en el asunto el proceso de información reservada se ha interrumpido, según dice El Mundo, sin que hayan podido declarar varias de las personas que debían hacerlo. Eso sí, los rectores han corroborado, siempre según El Mundo, “la corrección del proceso seguido”. El miércoles 11, sin que el trabajo estuviese terminado, el presidente de la CRUE dio una rueda de prensa, acompañado de los dos inspectores. “Si ese conjunto de hipótesis se confirmara, estamos ante una muy grave irregularidad universitaria”, ha dicho. Las hipótesis son eso, hipótesis. También nos cuenta El Mundo que uno de los inspectores , “Cifuentes ha leído una síntesis del informe realizado por ellos mismos [aunque no completo (El corchete es mío)], que no ha despejado ninguna duda (La negrita es del artículo de El Mundo) sobre el master de Cifuentes. En él se han limitado a decir que el procedimiento seguido por la Rey Juna Carlos se llevó a cabo de forma adecuada. Fuentes de la Crue han asegurado que no podían ir más allá, porque su única misión era ‘velar por que el procedimiento se desarrollara correctamente’”. Más adelante continúa: “Por eso los observadores han constatado que en el expediente ‘no obra parte de los documentos solicitados’, al interrumpirse el proceso de información reservada”. Si uno lee El País en vez de El Mundo, tampoco se aclara demasiado. Viene a decir más o menos lo mismo, con alguna variación, como cuando dice: “Los rectores apoyan también a la URJC en su decisión de enviar a la Fiscalía el caso después de que este centro de enseñanza superior asegurara haber encontrado ‘indicios de racionales de delito’. Ramos (El rector de la URJC) cuenta con todo el apoyo de la conferencia ‘para llegar hasta las últimas consecuencias una vez finalizada la tarea de la justicia’, lo que supone además un aval para que posterguen una investigación interna en la que faltan muchas claves por resolver”. A mí me suena a que esta intervención de la CRUE busca, sobre todo, salvar el culo de la URJC, en un ejercicio de corporativismo. Pero no conviene hacerme caso, porque para entrar en todo el asunto del master de Cifuentes, hay que hacer un master en el master de Cifuentes. Reconozco que yo no lo tengo y me he perdido. Pero creo que la verdad también se ha perdido. Al menos hasta que dentro de unos años los tribunales desembrollen el asunto. ¡Cuán largo me lo fiais! Por supuesto, mucho antes que eso, a la vuelta de la esquina, a Cifuentes le cortarán la cabeza. Y posiblemente se lo merezca. Pero también tiene derecho a un juicio justo. Incluso para sus responsabilidades políticas. Y no lo está teniendo.

En fin, que la verdad es una cosa que no le importa a nadie. ¿Quién quiere estropear una buena noticia con la verdad? ¿Quién quiere desaprovechar la ocasión de ganar no se sabe qué bazas políticas por esperar pausadamente a que se esclarezca la verdad? ¿Quién puede poner freno a la sed de sangre política del pueblo soberano? Respuesta a las tres preguntas: Nadie. Nadie. Y nadie. Vienen aquí como anillo al dedo las palabras que Shakespeare pone en boca de Marco Antonio cuando tras azuzar al pueblo a vengar violentamente la muerte de César, dice: “¡Ahora, prosiga la obra! ¡Maldad, ya estás en pie! ¡Toma el curso que quieras!” Es cierto que últimamente se ha puesto de moda la idea de posverdad, para describir este fenómeno. Pero por desgracia, las voces que hablan de la posverdad no pasan de ser el coro de los grillos que cantan a la luna. Porque al mismo tiempo que la desprecian, adoran a la vaca sagrada de la ilustración, que es su punto de arranque. Pero eso es otra cuestión en la que tal vez entre algún día.

8 de abril de 2018

John Harrison, un personaje ejemplar


El miércoles pasado leí en “El Mundo” un artículo curioso”. Habla del relojero inglés del siglo XVIII, John Harrison del que se cumplen hoy 325 años de su nacimiento y al que Google ha querido rendirle homenaje con uno de sus ya famosos 'doodles'. Su vida es un ejemplo de tesón, humildad, abnegación y voluntad. Gracias a él los barcos pudieron navegar mucho más seguros, ya que sus relojes, precisos y robustos, permitieron saber la posición de un barco en el eje este-oeste, cosa hasta entonces imposible. Es evidente que para cruzar el Atlántico o el Pacífico esto es algo vital. De hecho contribuyó a salvar muchas vidas. Pero tuvo que luchar durante 43 años contra la envidia y el desprecio de los eruditos hasta que, a sus 80 años, tres antes de su muerte, el rey Jorge III  le concedió el premio de 8.750 Libras de entonces, que le fue negado durante muchos años por la envidia y soberbia de sus contemporáneos. En el link de más abajo podéis acceder al artículo.


Pero resulta que en una novela que escribí hace ya bastantes años y que fue publicada con el título de “La victoria del sol”, le dedico un largo capítulo a su vida y logros. Os pongo el link de Amazon donde lo podéis comprar.


7 de abril de 2018

¿Una utopía liberal?


El título de estas líneas es una pregunta. Y, aunque pueda parecer un sinsentido voy a responder a la pregunta antes de exponer sobre qué asunto me hago una pregunta tan general. Después pasaré a exponer el asunto.

La respuesta a la pregunta es no, pero sí.

No: porque desde el punto de vista económico el asunto del que voy a hablar es perfectamente viable y no es, por tanto, ninguna utopía.

Pero sí: Porque aunque es viable desde un punto de vista económico, no lo es desde la cultura socialdemócrata del estado providencia en la que estamos instalados y de la que la demagogia nos impide salir. Así es que, al final, sí, sí que es una utopía. Pero es la irracionalidad demagógica lo que convierte al asunto en utopía.

Para poner en contexto el asunto del que voy a hablar, voy a presentar a continuación algunas cifras de los Presupuestos Generales del Estado del 2017, los que ahora están vigentes.  (Todos los datos están en millones de €).

Empecemos por el desglose de gastos:

Justicia
1.726
Defensa
7.576
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias
7.912
Política exterior
1.522
Pensiones
139.647
Otras prestaciones económicas
13.512
Servicios Sociales y promoción social
2.408
Fomento del empleo
5.499
Desempleo
18.318
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación
474
Gestión y Administración de la Seguridad Social
14.288
Sanidad
4.093
Educación
2.524
Cultura
803
Agricultura y pesca
7.413
Industria y energía
5.432
Comercio, turismo, PYME´s
875
Subvenciones al transporte
1.421
Infraestructuras
5.453
Investigación, Desarrollo e Innovación
6.503
Otras actuaciones de carácter económico
556
Alta Dirección
652
Servicios de carácter general
24.728
Administración fianciera y tributaria
1.382
Transferencias a otras administraciones públicas
48.223
Deuda pública
32.171
TOTAL
355.111

Y veamos también el de ingresos

Ingresos
No financieros
Financieros
TOTAL
Estado
132.476
2.369
134.845
Orgniamos autónomos
34.278
552
34.830
Seguridad Social
112.893
8.748
121.641
Agencias estatales
367
176
543
Otras entidades
198
34
232
TOTAL
280.212
11.879
292.091

Si restamos el total de los gastos del de los ingresos veremos que se produce un déficit de 63.020 MM de € que, con independencia de lo que puedan suponer en porcentaje sobre el PIB, indica que el estado español gasta un 22% más de lo que ingresa. ¿Alguien se imagina lo que le pasaría a una familia que se comportase así de forma sistemática?

Como se puede ver, la partida mayor de gastos es la de pensiones que sólo ella se lleva 139.647 millones de €, es decir, casi el 45% de los gastos[1]. Para ello, los ingresos de la Seguridad Social son de sólo 121.641 millones de €. Pero, además, a medida que pasen los años, con una proporción de población jubilada cada vez mayor y más longeva y con cada vez menos jóvenes, la situación se va a hacer cada vez más insostenible. Ciertamente, si en los próximos años disminuye el paro, la recaudación subirá y la situación se aliviará. Pero las matemáticas del envejecimiento son inexorables. Más allá de posibles y bienvenidos alivios coyunturales, la situación es insostenible. El recurso al aumento de los impuestos es algo muy peligroso porque todo aumento de la presión fiscal más allá de un límite supone un freno a la economía y hacer que la presión fiscal siga a la ineludible de la inversión de la pirámide de población, es un suicidio económico a medio plazo.

Por tanto, sólo queda una drástica reducción de gastos. Y, claro, toda reducción de gastos que no mire a las pensiones, está condenada a ser el chocolate del loro. Pero, al mismo tiempo, las pensiones son algo muy sensible por dos razones. La primera, de índole individual, porque son la retribución a una persona que se ha pasado toda su vida dando una parte de su salario para garantizarse su subsistencia tras su jubilación. Y la segunda, porque si una parte importante de la población, los jubilados, se queda sin unos ingresos razonables, esto se convierte en un problema social. Pero, por mucho que sea un tema crítico, ni siquiera con este tipo de temas se producen fácilmente milagros. Porque lo que ocurre es que el sistema de pensiones está viciado de raíz. Es lo que se llama un sistema de transferencias. Cuando alguien entrega una parte de su sueldo durante su vida laboral activa, ese dinero se va a pagar las pensiones de los que en ese momento están jubilados. El que lo hace lo hace con la esperanza de que cuando le llegue a él la jubilación, habrá otros que le paguen a él su pensión. Pero si esos otros son pocos, no hay nada que hacer. Este sistema funciona mientras la pirámide de la población tenga una base ancha y una cúspide estrecha. En ese caso, un gran número de trabajadores activos, con una parte relativamente pequeña de su sueldo, sostiene a una población de jubilados mucho más reducida. Pero a medida que aumenta la esperanza de vida y se deja notar, con 65 años de retraso, la disminución de trabajadores activos debido a la baja natalidad acumulada, empieza a haber cada vez menos personas activas para sostener a más personas jubiladas. En estos momentos el ratio está aproximadamente en dos trabajadores activos por cada jubilado. Es decir, con la parte de su sueldo a la que dos personas renuncian, pagan la pensión de una. Pero este ratio se hará cada vez más pequeño y llegará el día en que se invertirá. Y en algún momento de ese camino, el sistema colapsará. Sin remisión. Salvo que se produzca una multiplicación de los panes y los peces versión 2.0, cosa que no creo que ocurra. Sólo hay un sistema que funcione bajo cualquier aspecto de la pirámide de población. Un sistema de pensiones de auto ahorro. Si este sistema se hubiese empezado a implantar hace 20 o 30 años, ahora no estaríamos en la situación en la que estamos. Hace tres décadas se podría hacer con facilidad un escalado más o menos del estilo siguiente:

Edad
% de su pensión garantizada por el estado
60-65 años
100%
55-60 años
87,5%
50-55 años
75%
45-50 años
62,5%
40-45 años
50%
35-40 años
37,5%
30-35años
25%
25-30 años
12,5%
Menos de 25 años
0%

Por supuesto, la parte de la pensión que el estado no garantiza se lo tendría que asegurar cada trabajador con su ahorro personal. Esto, naturalmente, es un doble esfuerzo para todos. Los más jóvenes de la pirámide tienen que aportar para la pensión de los más mayores, a los que el estado, o sea ellos, tiene que pagar casi toda su pensión, y, encima, tienen que ahorrar para el 100% de la suya. Pero la buena noticia es que tienen mucho tiempo para ahorrar ese 100%. Los de 55-60 años, sólo tienen que aportar el 12,5% de su pensión mediante su ahorro, pero la mala noticia para ellos es que tienen poco tiempo. Es decir, para unos y otros, el cambio de sistema supone un sacrificio. Pero cuando había muchos jóvenes y pocos viejos, el sacrificio era asequible. Sin embargo hoy, con pocos jóvenes y muchos viejos, el sacrificio es mucho más gravoso. La parte buena es que, a medida que pasa el tiempo y los que se van jubilando cada vez reciben menos pensión del estado, el sacrificio va en diminuendo. Pero, se perdió la oportunidad de haber empezado hace 30 años y ahora vale de muy poco lamentarse. No obstante, en algún momento hay que empezar, porque el colapso del sistema contributivo es ineludible. Lo único que no puede hacerse es practicar la política del avestruz de esconder la cabeza debajo del ala para no ver el peligro. Y eso es exactamente lo que se ha hecho en los últimos 30 años y lo que, al parecer, se quiere seguir haciendo hasta que el sistema nos estalle entre las manos. Si se llegase a aplicar un sistema así, tendría que ser obligatorio un ahorro mínimo. Porque si no se produjese ese ahorro nos encontraríamos con un problema social cuando se jubilasen los que no han ahorrado. Algo parecido a lo que ya ocurre hoy día con el seguro obligatorio del automóvil.

Naturalmente, este sistema tiene que ir acompañado de un requisito que, a mi modo de ver, es algo que una sociedad moderna y rica tiene la obligación de hacer, a saber: Que nadie, por ser realmente pobre, se quede sin una jubilación aceptable, una sanidad y educación de alta calidad y, esto para cualquier persona, un subsidio de desempleo aceptable. He elegido a propósito los adjetivos de “alta calidad” y “aceptable”. Me he negado a utilizar el adjetivo digno, porque este adjetivo, en la demagogia en que vivimos, suele ser sinónimo de inasequible.

Voy a plantear ahora la ¿utópica? situación final de un largo proceso de transición de un sistema fiscal a otro. Para ello, voy a basarme en el presupuesto de gastos y aplicar a cada uno de ellos un porcentaje que sería al que se vería reducido al final de ese proceso. Voy a tomar como base los PGE de 2017. Intentaré aclarar en cada caso por qué aplico esos porcentajes que, en cualquier caso, son sólo una aproximación discutible cuantitativamente, pero que creo que nos darán una razonable visión de conjunto. Con esto, analizaré el aspecto de esa situación final y emitiré un juicio sobre ella. Después diré algunas cosas sobre el proceso de transición. Por último, volveré a plantear la cuestión de si esto es una utopía o no.

El siguiente cuadro muestra cómo quedaría el presupuesto si se le aplicasen los porcentajes establecidos (EN millones de €)

Justicia
1.726
100%
1.726
Defensa
7.576
100%
7.576
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias
7.912
100%
7.912
Política exterior
1.522
100%
1.522
Pensiones
139.647
20%
27.929
Otras prestaciones económicas
13.512
100%
13.512
Servicios Sociales y promoción social
2.408
100%
2.408
Fomento del empleo
5.499
100%
5.499
Desempleo
18.318
30%
5.495
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación
474
100%
474
Gestión y Administración de la Seguridad Social
14.288
50%
7.144
Sanidad
4.093
20%
819
Educación
2.524
20%
505
Cultura
803
100%
803
Agricultura y pesca
7.413
10%
741
Industria y energía
5.432
10%
543
Comercio, turismo, PYME´s
875
50%
438
Subvenciones al transporte
1.421
10%
142
Infraestructuras
5.453
50%
2.727
Investigación, Desarrollo e Innovación
6.503
100%
6.503
Otras actuaciones de carácter económico
556
100%
556
Alta Dirección
652
100%
652
Servicios de carácter general
24.728
100%
24.728
Administración fianciera y tributaria
1.382
100%
1.382
Transferencias a otras administraciones públicas
48.223
100%
48.223
Deuda pública
32.171
20%
6.434
TOTAL
355.111
176.393

Como se puede ver, el gasto se vería reducido a 176.393 Millones de € y en relación con los ingresos, la situación cambiaría desde un déficit de 63.020 Millones de € a un superávit de 115.698 Millones de €.

Es necesario, sin embargo, explicar qué razonamiento me lleva a los porcentajes orientativos del cuadro. No explicaré el porqué de los que dejo en el 100%

Las partidas de Pensiones, Sanidad y Educación las dejo en un 20%. Dejo un 20% porque el estado deberá subvenir esas ayudas a las personas realmente pobres. En el caso de pensiones, no es que les pague la pensión, sino que les ayuda a pagar su ahorro. Creo conveniente que haya una escala de los grados de pobreza y el porcentaje de ayuda que el estado pueda dar en esos conceptos. Esa escala podría tener un aspecto del estilo siguiente:

Intervalo de renta
% de ayuda del estado en esos conceptos
Renta menor de A
100%
Renta entre A y B
75%
Renta entre B y C
50%
Renta entre C y D
25%
Renta superior a D
0%

De esta forma, nadie, por ser realmente pobre, quedaría excluido de una pensión, de la sanidad o la educación. Desde luego, una parte o todas estas prestaciones las tendrán que pagar de su bolsillo, o mediante un sistema de seguros médicos, los ciudadanos con más renta. Podría pensarse que esto es injusto para ellos, pero no es así, porque, como luego se verá, esta aparente desventaja quedará superada con creces por una mucho mejor fiscalidad. Además, en la actualidad ya hay muchas personas de alta renta que ya paga, además de sus impuestos, un seguro médico, o una educación privada para sus hijs o que ahorra a través de un plan de pensiones. Por otro lado, una fuente adicional de ahorro provendrá de la privatización del servicio sanitario y de educación, obteniendo así una mayor eficiencia en el gasto.

He puesto un 30% en el gasto en desempleo, no porque esté pensando en rebajar el subsidio, sino porque, como también se verá más adelante, con este sistema el paro se vería reducido al mínimo estructural que puede ser alrededor de un 5%, es decir, más o menos la tercera parte de lo que hoy tenemos.

El gasto en Gestión y Administración de la Seguridad Social lo he puesto en el 50%, dado que una gran parte de esa gestión dejará de correr a cargo del estado.

Las subvenciones a Agricultura y Pesca, Industria y energía y Subvenciones al transporte, las he reducido al 10% porque soy contrario a cualquier tipo de subvención, salvo casos muy excepcionales. Una subvención sectorial es una vulneración al derecho de igualdad ante la ley. Responde a que algún burócrata decide que un sector merece una ayuda del estado a costa de perjudicar a otros, ya que el dinero del estado proviene, en último término del bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Por qué el sector de supermercados, por ejemplo, debe subvencionar a la pesca? ¿Por qué un cajero de Mercadona tiene que subvencionar a un pescador de Bermeo?  ¿Porque un burócrata decida que el primero es menos merecedor de ayuda que el segundo? ¿En base a qué criterio? ¿Quién es ese burócrata para decidir premiar a unos a costa de castigar a otros? Este tipo de subvenciones, además de ser injustas, acarrean que aparezcan grupos de presión sectoriales para obtener ventajas y, en última instancia, tienden a generar corrupción. He dejado, a pesar de lo anterior, en el 50% la partida de Comercio, turismo, PYME’s, precisamente, por las PYME’s. Bueno, no por las PYME´s, sino para ayudar al emprendimiento, que sí me parece que lo merece.

He reducido al 50% el concepto de infraestructuras porque entiendo que es perfectamente posible y deseable avanzar hacia un modelo de infraestructuras con un alto porcentaje de componente privado.

Por último, he puesto un 20% en la deuda, porque entiendo que en el proceso de llegar a esta situación final, los superávits deberían disminuir la monstruosa deuda pública que ahora tenemos.

Como he dicho anteriormente, estos porcentajes son sólo una aproximación. Pero sólo poniendo algunas cifras, aunque sean sólo orientativas, se puede llegar a tener una visión de conjunto.

Por supuesto, el objetivo final no es tener un superávit, sino adelgazar el estado para que pase de ser el monstruo Jubba de la Guerra de las Galaxias a un estado delgado, en forma y atlético. Y, una vez adelgazado, necesitará recaudar menos impuestos para mantenerse. Para adentrarnos en este punto, nos va a ayudar conocer la distribución de la recaudación fiscal entre los distintos tipos de impuestos. Esto puede verse en el siguiente cuadro:

IRPF
78.027
IRPF No Residentes
2.213
Impuesto de Sociedades
24.399
Resto Impuestos Directos
1.979
IVA
67.463
Impuestos Especiales
20.770
Resto Impuestos Indirectos
3.669
Otros impuestos
2.444
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS
200.964

Además de estos ingresos tributarios, está la recaudación de la Seguridad Social que, como se ha visto más arriba, en el cuadro de ingresos de los PGE de 2017, asciende, en su parte no financiera  a 112.893 Millones de €. Esto proviene de lo que la SS recauda de empresas y trabajadores. De una manera aproximada, porque el dato depende de muchos factores, es conveniente recordar que esta recaudación hace que de lo que para un empresario supone un coste de sueldos y salarios de 100, sólo 65 entran en el bolsillo del trabajador[2]. Me voy a centrar únicamente en los cuatro impuestos más importantes: IRPF, tanto de residentes como de no residentes, Sociedades, IVA y Seguridad Social. Técnicamente a este ingreso no se considera como un impuesto pero, de facto, lo es.

La recaudación de estos impuestos, según los PGE de 2017, ascendían a 284.995 Millones de €. Por lo tanto, si el superávit de 115.698 Millones de € se aplicase íntegramente a reducir estos impuestos, se les podría aplicar, a cada uno de ellos, una reducción del 41%.

Esta reducción del 41% en las retenciones practicadas por la Seguridad Social a trabajadores y empresas haría que los 65€ que recibía el trabajador por cada 100€ de coste para la empresa, se convirtiesen en 79€, es decir, con el mismo coste para la empresa de contratar a un trabajador, éste recibiría un 22% más. Naturalmente estos 14€ de ganancia se podrían repartir entre que los ganase de más el trabajador o supusiese un menor coste para la empresa. En cualquier caso, su efecto beneficioso para la economía sería muy importante. La parte que fuese para el trabajador aumentaría la renta de éste, lo que redundaría en un mayor consumo, lo que significaría mayores ventas para las empresas, mayor necesidad de producción y de inversión y creación de más puestos de trabajo. La parte que fuese para la empresa disminuiría el coste de contratación, por lo que crearía mayor demanda de trabajo, es decir, más puestos de trabajo, aumentaría su beneficio, lo que se traduciría en mayor inversión, mayores dividendos, o sea mayores ingresos para los accionistas y, otra vez, más consumo.

La reducción del 41% de la recaudación del IVA permitiría bajar el tipo de este impuesto del 21% al 12,5%, lo que supondría un potencial de bajada de los precios del 7%. Otra vez más, esta bajada potencial de los precios se repartiría entre el consumidor y la empresa, con los mismos efectos beneficiosos en la economía que los explicados en el párrafo anterior.

Ese 41%, si lo pensamos en el IRPF, se traduciría en que para una persona que tuviese un tipo impositivo de, por ejemplo, un 30%, su tipo podría bajar al 17,8%, lo que aumentaría su renta disponible un 17,4%, con el impacto positivo en la economía expresado anteriormente. Esto permitiría replantearse el principio de la progresividad de los tipos impositivos, de por sí injusta, pero que, en este caso, lo sería doblemente, ya que las personas de alta renta no tendrían ayudas del estado ni en su ahorro para la jubilación ni en el pago de sanidad o educación. Por tanto, dado que actualmente los tipos impositivos son mucho más altos para las rentas altas, al igualarse estos, las desventajas anteriores se verían compensadas.

Por último, ese 41% considerado sobre el Impuesto de Sociedades, produciría una bajada del tipo impositivo desde el 25% al 14,85%, lo que potencialmente aumentaría el beneficio después de impuestos de las empresas en un 13,5%. Este aumento potencial del beneficio se repartiría entre los beneficios de la empresa, una bajada de precios para el consumidor o un aumento de los sueldos. A través de cualquiera de estos caminos se ha analizado ya el potencial beneficio para la economía.

Pero, dando otra vuelta de tuerca, si la economía creciese de forma sustancial, como lo haría por todas esas razones, se podría recaudar lo mismo con tipos impositivos más bajos todavía en cualesquiera de los impuestos anteriores, produciéndose así un efecto positivo adicional. Esto no es el cuento de la lechera, es economía en estado puro.

Éste sería el resultado final de un largo proceso. No obstante, para lograr cualquier objetivo a largo plazo, hay que empezar a currárselo desde el principio y mantener el esfuerzo y la vista puesta en la meta durante todo el camino. Entonces, ¿cómo empezar? Pues no hay otra manera de empezar que reformando el sistema de pensiones como se ha dicho anteriormente. Si esto se hubiese empezado hace 30 años, el sacrificio hubiese sido menor, como se ha dicho antes. Ahora el sacrificio sería mucho mayor. Pero no hay alternativa. Si no se hace, la bomba de relojería de las pensiones nos estallará en las manos con consecuencias terribles. Pero, ¿se hará? Me caben muy pocas dudas de que no se hará. Y, por tanto, ha llegado el momento de preguntarse si todo esto no pasa de ser una utopía. Y copio textualmente lo que dije al empezar:

“La respuesta a la pregunta es no, pero sí.

No: porque desde el punto de vista económico el asunto del que voy a hablar es perfectamente viable y no es, por tanto, ninguna utopía.

Pero sí. Porque aunque es viable desde un punto de vista económico, no lo es desde la cultura socialdemócrata del estado providencia en la que estamos instalados y de la que la demagogia nos impide salir. Así es que, al final, sí, sí que es una utopía. Pero es la irracionalidad demagógica lo que convierte al asunto en utopía”.

Y eso es lo lamentable. Que siendo algo absolutamente necesario, no se hará. Porque en España no hay partidos liberales. Ni uno, aunque tanto el PP como C´s proclamen que lo son. Ningún partido tiene claro qué es eso de ser liberal y, si lo tuviesen, tampoco lo serían porque, ante la demagogia imperante, el partido que lo fuese, perdería las elecciones. A base de socialdemocracia y estado providencia, hemos construido una sociedad ciega e inmadura que prefiere estrellarse mañana antes que poner un remedio incómodo hoy. Y para llevar a cabo el proceso descrito, habría que empezar YA y mantener el esfuerzo durante, digamos, 20 años. Y para mantener este esfuerzo haría falta una mayoría liberal en el Congreso durante ese tiempo. Cosa que es imposible. Círculo cerrado.

Acabo con una reflexión que tengo para mí como muy cierta. Gramsci sabía muy bien cómo ganar la guerra ideológica tras darse cuenta de que el comunismo tenía perdida sin remisión la económica. Y esto lo supo en los años 30 del siglo pasado. No se puede ser más clarividente. Se trataba de cegar el buen criterio de la gente sobre cómo gestionar la economía en occidente. ¿Y la forma de hacerlo? Creando ciudadanos irresponsables mediante el desarrollo de la socialdemocracia. Ésta se encargaría de desarrollar un estado supuestamente del bienestar y falsamente providente. Se apoyaría en una opinión pública buenista que crease esa conciencia de forma difusa en la sociedad. Había que ganar para la causa de ese buenismo a la prensa, la educación, la cultura, etc. Nada de educar en el comunismo. Basta con hacerlo en el buenismo y salpimentado con demagogia. Crear una sociedad que idiotizase a los ciudadanos haciéndoles pensar que su futuro estaba resuelto entregando su buen criterio a ese estado, y convirtiéndolos así en carne de matadero. Y aquí estamos, convirtiendo en utopía irrealizable lo único que podría hacer que el desarrollo económico fuese imparable. Y la izquierda radical frotándose las manos esperando que se den lo que ellos llaman “las condiciones objetivas” para el asalto revolucionario. Y esa idiotización no se ha reducido sólo al aspecto económico, sino que ha invadido el campo moral y religioso. Y aquí estamos, metiendo en casa el caballo de Troya. Parafraseando a Virgilio cuando hablaba de este caballo en la Eneida: Temo a los gramscianos, sobre todo cuando traen regalos. ¡Ah! y dejo constancia de que esta reflexión la he oído con mis propios oídos de los gramscianos, cuando yo era un comunista ingenuo.


[1] En el proyecto de ley de presupuestos de 2018, el gasto en pensiones ha subido a 144.834 Millones de €.
[2] En realidad al trabajador le entra menos dinero en el bolsillo, porque además se le practica una retención como impuesto a cuenta del IRPF. Pero no lo he considerado en esa diferencia porque, a fin de cuentas, eso que se le retiene en el momento en el que se le paga el sueldo, se le descuenta en los impuestos que tendrá que pagar en junio del año siguiente. Esto no ocurre con lo que se detrae por Seguridad Social que jamás retorna al trabajador.